lunes, abril 11, 2016

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Extraído del blog de @juherya lee aquí


Al Tribunal de lo Penal por defender a la Enfermería

Ayer, lunes 4 de abril de 2016, tuve que acudir al Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria (ciudad en la que resido) para que me hicieran entrega de unaquerella criminal por presuntos delitos continuados de calumnias e injurias. La querella ha sido formulada por D. Máximo Antonio González Jurado, en su propio nombre y como presidente del Consejo General de Enfermería.

El querellante solicita al Tribunal que "libre oficio a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial para que proceda al cierre y clausura de los siguientes blogs" (aquí, los dos blogs que mantengo, este que está usted leyendo y otro en la plataforma Medium). Y que se me requiera, de manera cautelar (es decir,previamente a cualquier juicio), para la "cancelación y borrado de los tuits (...) y, en general cuantas publicaciones haya practicado es internet que supongan ofensa, de forma directa e indirecta, contra Don Máximo González Jurado". Y, de no acceder yo voluntariamente a hacerlo, que se requiera a la Policía que lo haga.


El delito de calumnias está castigado (art. 205 del Código Penal) con penas de prisión de seis meses a dos años y el de injurias (art. 209), de seis a catorce meses, así que no me tomo la cosa como una broma o un juego sino como una amenaza real, tangible y concretada contra mi persona y mi familia, y por ende mi conciencia moral y mis derechos fundamentales. Amenaza, además, ejercida desde un poder institucional, pertrechado con todos los recursos económicos y jurídicos (pagados por el conjunto de los colegiados españoles, con o contra su voluntad, incluso con su indiferencia), contra un particular, profesional liberal, de economía además muy modesta.

Una batalla desigual que, no obstante, estoy dispuesto a entablar:
  • Porque de ninguna de las maneras voy a ceder motu proprio a las exigencias del querellante ni voy a disculparme por llevar cinco años denunciando los (aparentes, documentados o presuntos) abusos de poder, opacidades, irregularidades contables, negativas a la rendición de cuentas, incumplimientos de leyes en vigor, ocultación del destino de fondos públicos, infracción de derechos políticos de colegios y colegiados y un largo etcétera de conductas, no sé si punibles porque para eso están los tribunales, pero sí denunciables e investigables.
  • Porque el artículo 206 del Código Penal establece que "El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado."
  • Y el artículo 210, que "El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas" (cualidad de funcionario público que reclama para sí en la querella González Jurado).

Por otro lado, las acusaciones, casi clamores, como demostraré en su momento, sobre hechos presuntamente delictivos se podrían haber disipado, simplemente contestando a las preguntas que de manera sistemática y con carácter anual se le han venido formulando, a través de los votos particulares a las actas de las asambleas generales, por parte de determinados colegios "opositores": ya es sabido que "al enemigo, ni agua", pero también es lógico que las opacidades manifiestas y las negativas a rendir cuentas por parte del Consejo General de Enfermería, entidad de derecho público incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de acceso a la información, buen gobierno y transparencia, hacen razonable pensar que "algo debe esconderse" cuando se sustrae tan celosamente una información que por su propia naturaleza (y por tratarse de la gestión de fondos colegiales) debería ser escrupulosamente publicada y actualizada. Y en atar esos cabos para demostrar que se incumple la ley estoy dedicado los últimos años, con mayor intensidad  -oh, casualidad-  estos últimos meses, con la tarea prácticamente finalizada.



Hace seis años tuve que documentarme para cumplir un encargo profesional, la redacción de lo que luego sería mi monografía "La enfermería frente al espejo: mitos y realidades". Durante el proceso de documentación, lo que podríamos llamar  -que no se me moleste nadie por esta reivindicación: también los científicos sociales hacemos estas cosas-  la fase de diagnóstico del problema, asumí tres realidades:
  • Que, dados los graves problemas y retos de carácter demográfico, político, social, económico, sanitario... que se están presentando a las sociedades avanzadas, los servicios de salud no podrían seguir desarrollándose bajo la hegemonía política y el dominio cultural de la Medicina sin llegar a colapsar: es preciso un cambio de paradigma que debería descansar como pilar básico en los cuidados, es decir, en la Enfermería, profesión sanitaria del futuro por excelencia.
  • Pero que, al margen de la inevitables resistencia por parte de las organizaciones médicas, tampoco está hoy en día la profesión enfermera suficientemente preparada para convertirse en ese activo esencial del Sistema Nacional de Salud, aquejada también de graves problemas de carácter interno (ensimismamiento, falta de autoestima, liderazgos tóxicos, victimismo, falta de cohesión y solidaridad...), por lo que se hacía necesaria una pequeña "revolución moral" interna basada en una mayor y mejor presencia social.
  • Finalmente, que el principal problema para estarefundación lo constituía el inmenso poder y la absoluta desprofesionalización (venenoso cóctel) de la oligarquía que accedió al poder colegial hace casi 30 años y sigue gobernando con mano férrea, en medio de un desprecio generalizado por los derechos e intereses de lossúbditos, el cotarro. Una representación legal de la profesión absolutamente desprestigiada y a la que no se respeta, con presencia constante en los medios de comunicación asociada a tramas presuntamente corruptas y actividades presuntamente delictivas, algo que no digo yo sino los propios medios de comunicación. Por tanto, si quería aportar mi granito de arena a esa revolución moral tenía que convertirme en activista.
Algunos luchan contra las corridas de toros, a favor de los refugiados y migrantes, contra la homofobia o la violencia de género o a favor de las energías renovables. Son activistas que sin beneficiarse directamente, de manera particular, de los resultados de sus luchas, dedican su tiempo y su dinero y arriesgan su confort y sus derechos personales, a veces incluso sus vidas, en beneficio de la sociedad. Mi lucha, mi causa, es la enfermería, conseguir que se movilice y se libere de ataduras y superestructuras políticas desmovilizadoras. No quisiera sentirme parte del problema cuando, como sucede ya por ejemplo con la crisis ambiental, se diga que hemos actuado demasiado tarde para asegurar la sostenibilidad de nuestros queridos servicios de salud.

Lo que hoy se me imputa en sede judicial es precisamente ese activismo. Y lo que se persigue es callarme y, a ser posible, castigarme duramente por mis denuncias de los abusos y mi compromiso con la democracia, la libertad y la decencia, pilares sin los cuales jamás podrá desarrollarse un colectivo profesional adulto, solidario, comprometido, autoexigente y decidido a ocupar su papel en la sociedad.

Y que nadie se llame a engaño, esto no va solo contra mí, sino contra toda la profesión. Yo soy únicamente una excusa para intentar atemorizar a todas las enfermeras y enfermeros que están luchando por un recambio generacional, por liderazgos limpios y transparentes y están denunciando comportamientos impropios por parte de la actual cúpula dirigente. Quizás por que pueda tener algo de símbolo, precisamente por no ser de la profesión, han ido a por mí para ejemplificar. Sólo les pido que no se dejen atemorizar y que juntos digamos ¡NO! a este intento de cercenar nuestros derechos y libertades.

Acabo: lo único que me pregunto es "¿por qué ahora, si la decisión de perseguirme, como consta en autos, es de diciembre de 2012?" Cuando lo sepa se lo cuento, palabra de honor.